Hace unos días publicaron un artículo en el que participé junto a Verónica López, Vicente Sisto, Antonio García, Claudia Carrasco, Carmen Gloria Núñez y René Valdés (se puede consultar aquí) acerca de un análisis sobre cómo las principales instituciones educativas públicas chilenas entienden la violencia y el clima escolar. En este post quería ofrecer una pequeña síntesis de lo que fue el trabajo, principalmente en lo referido a los resultados:
Pese a que pueda parecer sencillo y homogéneo, en realidad esas instituciones educativas no tienen una única visión sobre qué es la violencia y el clima escolar, y por tanto tampoco sobre cómo abordarlo, prevenirlo e intervenir. Dado los diferentes roles que tienen estas instituciones, pero sobre todo, lo complejo que siempre es "aterrizar" una política (sobre todo educativa) al terreno local de las escuelas, es que este estudio se hizo interesante de investigar, tratando de responder a la pregunta: ¿Cómo esas diferentes visiones, instituciones, e intereses se articulan, permitiendo, limitando o impidiendo que ciertas prácticas sobre convivencia y clima escolar ocurran en las escuelas?
Para contestar a esa pregunta, analizamos documentos e hicimos entrevistas en cuatro instituciones: Superintendencia de Educación, Ministerio de Educación, Agencia de la Calidad, y Consejo Nacional de Educación.
Los resultados apuntan a una "lucha" entre esas visiones e intereses, que no siempre llega a las escuelas de la misma forma (pues cada escuela tiene un contexto, una historia, un personal, unos estudiantes únicos), lo que complejiza más el asunto. Pero entre los puntos que están claros, algunos de los que más destacan son los siguientes:
-El Ministerio de Educación (institución educativa principal, la más antigua y la que debe ser teóricamente, la protagonista) ha perdido mucha fuerza y poder respecto a las demás en los últimos años. Ya que la Agencia se dedica a medir la calidad de la educación, y la Superintendencia fiscaliza y revisa la parte más de gestión y económica, el papel que le queda al Ministerio es muy reducido, y además, dependiente de las decisiones (y visiones e intereses) de las otras instituciones analizadas.
-La Agencia de Calidad, gracias a su rol de evaluador (principalmente mediante pruebas estandarizadas como SIMCE o el Portafolio Docente), es una institución con gran poder de decisión en las políticas de violencia y clima escolar, decidiendo cómo se mide y se evalúa este; y por tanto, cómo se interviene en la escuela. Aunque no fue el objetivo del artículo, recordemos que el clima escolar (y dentro de este, la violencia escolar), se mide dentro de uno de los IDPS del SIMCE, el cual solo cuenta un 4,1%, siendo la misma medición para cualquier escuela en Chile (independientemente de sus características propias). Por tanto, la intervención en clima escolar muchas veces se reduce a lo que esa medición dictamine.
-La Superintendencia, al igual que la Agencia de Calidad, también gana peso en detrimento del Ministerio de Educación. En este caso, dado que audita y fiscaliza el sistema educativo, en su mano quedan los incentivos a las escuelas con buen rendimiento en pruebas estandarizadas (que son iguales para cualquier escuela, independientemente de sus características propias), de penalizar a aquellas que no rinden tan bien en esas pruebas (sin darles incentivos), o de gestionar el dinero de subvenciones tipo SEP, retirando el dinero a las escuelas que no mejoren en pocos años su rendimiento en las mismas pruebas estandarizadas (sin tener en cuenta una vez más, la realidad particular y las necesidades de esa escuela para mejorar, ni lo que se entiende por mejorar en sí mismo).
De lo anterior se concluye que hay dos lógicas principales para abordar el clima y la violencia escolar: la lógica formativa y la lógica punitiva. La formativa sería aquella cuyo objetivo principal es, como su nombre indica, formar a las personas, independientemente de calificaciones, evaluaciones, notas, incentivos o castigos o pruebas estandarizadas. Y ya que las evaluaciones iguales para cualquier escuela o estudiante no son el centro (SIMCE u otras), se da pie a atender la idiosincrasia de ese lugar tal como sus comunidades demandan y viven los problemas de convivencia y violencia escolar. La punitiva sería aquella amparada y sostenida en las pruebas estandarizadas como elemento principal. El solo hecho de que sea una evaluación igual para cualquier escuela, territorio o estudiante, y que solo suponga un 4,1% del peso de la misma, ya es un acto punitivo en sí mismo y denota la superficial importancia que tiene entender las causas de un conflicto entre dos estudiantes. Al evaluar a todos los estudiantes y escuelas de la misma manera, se deja de atender a los procesos locales (personales, históricos, culturales, económicos...) sobre los que emergen los problemas de convivencia escolar. ¿Cómo se aborda entonces este problema? Con incentivos para las escuelas y estudiantes que se porten bien, y con castigos para las escuelas y estudiantes que se porten mal, lo que supone una simplificación de un problema siempre complejo y sensible de resolver.
Este es, muy en breve, el panorama al que llegamos con este estudio. Personalmente me sirvió mucho para aprender de los modos en que funcionan las políticas educativas en Chile, especialmente en materia de convivencia escolar. Creo que fue una investigación muy intersante y en la que agradezco el haber podido participar aportando principalmente elementos conceptuales y metodológicos desde la Teoría del Actor-Red.